En un ambiente de creciente controversia, el Gobierno anuncia la próxima presentación de una reforma tributaria en el Congreso Nacional durante este mes. Sin embargo, las fuerzas políticas fuera del oficialismo expresan su preocupación, describiendo los nuevos términos como un «mazazo y castigo» a la clase media.
Durante el trabajo prelegislativo, el Ministerio de Hacienda presentó la propuesta a técnicos y representantes de partidos tanto oficialistas como de la oposición. El proyecto busca incrementar los impuestos para un grupo más amplio de contribuyentes en comparación con el proyecto del año pasado. La nueva propuesta se centra en aumentar el gravamen a las rentas personales, afectando a aquellos que perciben entre 3.2 y 4.5 millones de pesos mensuales, con un aumento de la tasa del 13.5% actual a un 16%.
Sin embargo, la oposición, encabezada por el diputado Eric Aedo de la Democracia Cristiana, ha expresado su firme desacuerdo. Aedo declaró que «la DC no está en condiciones de apoyar un impuesto a la renta para los sueldos de 3,200,000 pesos», considerándolo un «castigo a la clase media» y abogando por incentivar la inversión en lugar de imponer cargas fiscales.
Desde Chile Vamos, el diputado Miguel Mellado de Renovación Nacional reiteró la posición contraria al aumento de impuestos, enfatizando la necesidad de defender a los profesionales exitosos de clase media.
La reforma afectaría a 196,165 personas, incorporándolas al grupo de contribuyentes con impuestos más altos. Con el nuevo esquema, el 3.8% de los contribuyentes de mayores ingresos, un total de 431,250 personas, se verían afectados.
El Partido Socialista (PS), liderado por Paulina Vodanovic, ha calificado la tesis de «ilegítima» respecto al castigo a la clase media. Vodanovic asegura que el foco debe estar en defender a la clase trabajadora y destaca que el 1% de la población gana más de cuatro millones de pesos en Chile.
La reforma también incluye medidas dirigidas a la clase media, como deducciones de gastos por cuidado de dependientes, mejoras en el impuesto territorial para adultos mayores y beneficios adicionales en el ámbito educativo.