El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la revocación de visas a tres funcionarios del Gobierno de Chile, a quienes atribuye participación en acciones que habrían comprometido infraestructuras críticas de telecomunicaciones y afectado la seguridad regional.
La medida fue comunicada mediante una declaración oficial firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, en la que se sostiene que los sancionados “dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades” consideradas perjudiciales para la estabilidad del hemisferio.
Según lo informado por la autoridad estadounidense, la sanción contempla la revocación de todas las visas vigentes y la prohibición de ingreso a territorio estadounidense, extendiéndose también a los familiares directos de los funcionarios involucrados.
Desde Washington señalaron que la decisión se enmarca en la política de seguridad nacional impulsada por el presidente Donald Trump, orientada a resguardar los intereses estratégicos y la estabilidad regional. Asimismo, el Departamento de Estado indicó que continuará promoviendo mecanismos de rendición de cuentas respecto de ciudadanos chilenos que, a su juicio, hayan participado en acciones desestabilizadoras.
El documento oficial incluyó además una referencia al escenario político chileno, señalando que el “legado del Gobierno de Gabriel Boric se verá aún más empañado” por estos hechos, y manifestó la disposición de la administración estadounidense a colaborar en materias de seguridad con el presidente electo, José Antonio Kast.
Las sanciones fueron adoptadas conforme a disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, específicamente en las secciones 212(a)(3)(C) y 221(i), relacionadas con restricciones de ingreso por motivos de política exterior y seguridad.
Hasta el cierre de la información, no se había dado a conocer públicamente la identidad de los funcionarios chilenos afectados por la medida. Posteriormente, Rubio reiteró a través de redes sociales que la administración estadounidense continuará aplicando restricciones migratorias a autoridades extranjeras que, según su evaluación, actúen en contra de los intereses de seguridad del país.
