La Asociación de Bancos (ABIF) expresó este viernes su cuestionamiento a la decisión adoptada por los Ministerios de Hacienda y Economía, con opinión favorable de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), de no modificar el umbral de restitución a clientes afectados por fraudes bancarios.
Según lo resuelto por el Ejecutivo, se mantendrá el límite de 35 UF para la restitución de operaciones desconocidas por los usuarios de medios de pago, en plazos de 10 o 15 días, dependiendo del tipo de transacción. Desde el gremio bancario se recordó que las modificaciones a la Ley 20.009 facultaron a las autoridades a fijar este umbral dentro de un rango de entre 15 y 35 UF, así como a establecer límites diferenciados según tipo de operación, medio de pago o producto.
En ese contexto, la ABIF sostuvo que la alternativa más adecuada para mitigar el surgimiento de autofraudes era fijar el límite máximo de restitución en 15 UF y no mantenerlo en el tramo superior. A juicio de la entidad, la actual normativa continúa generando distorsiones relevantes en el sistema de pagos, lo que se refleja en una tasa de fraudes que triplica la registrada antes de las modificaciones legales de mayo de 2020 y que supera ampliamente los niveles observados en la Unión Europea.
El gremio también advirtió la persistencia de malas prácticas asociadas a los umbrales definidos y manifestó preocupación por lo que calificó como una inconsistencia en la decisión del Ejecutivo. Según plantearon, la atribución solicitada por el propio Gobierno al impulsar los cambios legales buscaba reducir los incentivos a los autofraudes, objetivo que —a su juicio— no se cumple al mantener el monto de 35 UF.
Desde la ABIF afirmaron que la determinación de Hacienda y Economía no se ajusta a la realidad que se pretendía abordar con las modificaciones a la ley de Fraudes y advirtieron que la consecuencia directa es la mantención de riesgos y costos para el sistema de pagos, lo que podría afectar su desarrollo, la inclusión financiera y el acceso de los ciudadanos a medios de pago seguros y modernos.
Finalmente, la Asociación de Bancos planteó la necesidad de introducir cambios más profundos a la ley de Fraudes para alinearla con estándares internacionales. Entre ellos, mencionaron la revisión del estándar probatorio de culpa grave o dolo, la posibilidad de restablecer la comercialización de seguros para proteger a clientes víctimas de fraudes y la creación de una instancia administrativa que permita canalizar los casos en que no corresponde la restitución de fondos, evitando la sobrecarga de los Juzgados de Policía Local.
