El último proyecto de reajuste al sector público impulsado por el gobierno del presidente Gabriel Boric ha generado diversos cuestionamientos, tanto por el nivel de gasto fiscal comprometido como por la inclusión de normas misceláneas que sectores de la oposición han calificado como posibles “amarres”.
Desde el Ministerio de Hacienda, el ministro Nicolás Grau ha defendido la iniciativa señalando que el proyecto implica una menor carga fiscal en comparación con reajustes anteriores. En ese contexto, afirmó que el costo es inferior al reajuste final del segundo gobierno de Sebastián Piñera y que se ubica entre los más bajos de la última década.
Asimismo, el secretario de Estado descartó que se trate de un “amarre”, explicando que la modificación legal propuesta busca evitar arbitrariedades en los despidos de funcionarios a contrata. Según detalló, tras un acto administrativo fundado de desvinculación, los trabajadores podrán recurrir a la Contraloría si consideran que el término de sus funciones no se ajusta a derecho.
En cuanto al impacto fiscal, Grau ha señalado que el reajuste, cuya principal medida es el alza total del 3,4% en los sueldos, implica un gasto cercano a los $1,6 billones para 2026, cifra menor a la de 2019 y un 10% inferior al promedio de $1,8 billones registrado en la última década.
De acuerdo con el detalle del proyecto, el impacto para el fisco alcanza los $1.597.776 millones para 2026, cifra que incluye el pago retroactivo correspondiente a los sueldos de 2025, mientras que para 2027 se estima un gasto de $1.147.426 millones.
El desglose de los recursos muestra que los reajustes por remuneraciones y subvenciones concentran la mayor parte del gasto, con $838.643 millones para 2026 y $960.432 millones para 2027. A ello se suma el denominado Sector Pasivo, que incluye el Bono Invierno y los aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad, con un costo de $331.947 millones. El bono especial de negociación representa $130.763 millones.
En materia de pensiones e incentivo al retiro, el gasto proyectado asciende a $106.647 millones para 2026 y $124.659 millones para 2027. En tanto, las remuneraciones mínimas consideran un reajuste del 5%, lo que, junto a diversos bonos asociados —como el mensual para trabajadores con sueldos más bajos, asistentes de la educación, educación superior y personal de la región de Atacama—, suma otros $156.097 millones en gasto fiscal.
Más allá de las cifras, uno de los principales focos de crítica apunta a las normas misceláneas incorporadas en el proyecto. Entre ellas se encuentra la posibilidad de que funcionarios públicos reclamen ilegalidad en sus despidos ante Contraloría, medida que ha sido calificada como un eventual “amarre”.
A esto se agregan otras disposiciones que han generado inquietud en la oposición, como la creación de una asignación para personal que cumple turnos de atención 24 horas en los servicios de Protección a la Niñez y Reinserción Juvenil, y la norma que permite el traspaso de personal a contrata del Instituto de Previsión Social con ocho años de antigüedad a la planta profesional y técnica.
También han sido cuestionadas medidas como el aumento de jefaturas de departamento en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el traspaso de personal a contrata del Ministerio de Obras Públicas a su Subsecretaría y la creación de cargos de planta en la Dirección de Obras Hidráulicas, las que son observadas por sectores opositores como posibles mecanismos de amarre dentro del reajuste.
