El Ministerio de Transportes confirmó que la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte, conocida como Ley Uber, no será implementada durante la actual administración. Así lo reconoció el titular de la cartera, Juan Carlos Muñoz, quien admitió retrasos en el proceso y señaló que “nos hemos demorado más de lo que nos deberíamos haber demorado”.
Pese a que la normativa fue aprobada por el Congreso y su reglamento ya fue tomado de razón, el Ejecutivo no logró concretar la licitación destinada a desarrollar la plataforma tecnológica necesaria para su aplicación. La única oferta recibida fue declarada inadmisible, al no cumplir con los requisitos técnicos mínimos exigidos.
En ese contexto, el ministro explicó que el objetivo del Gobierno es dejar iniciado el proceso de desarrollo, de modo que la próxima administración pueda continuar con la implementación y realizar los ajustes que estime necesarios.
Desde el Congreso, el diputado republicano Juan Irarrázaval acusó falta de voluntad política por parte del Ejecutivo y calificó la ley como un mal proyecto. En tanto, el diputado Jaime Mulet fue más crítico y describió la demora como una vergüenza.
Desde el gremio de las aplicaciones de transporte, la directora ejecutiva de Avanza IN, Marcela Sabat, advirtió sobre el impacto que podría tener una implementación forzada de la normativa sin mejoras técnicas. Según indicó, más del 80% de los conductores podría quedar excluido de su fuente laboral si la ley entra en vigor en su estado actual.
En esa línea, Sabat hizo un llamado al próximo Gobierno a trabajar de manera conjunta para corregir el reglamento y evitar que la aplicación de la normativa deje fuera a miles de personas que dependen de estas plataformas como sustento económico.
La licitación declarada desierta en enero exigía una plataforma basada en servicios AWS y una arquitectura moderna. Sin embargo, la oferta presentada no acreditó la experiencia ni las certificaciones necesarias, lo que dejó el desarrollo del registro electrónico en punto muerto y dificulta la entrada en vigencia de la ley sin reiniciar el proceso completo.
