El académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, cuestionó la propuesta anunciada por el Gobierno para saldar la deuda que mantienen los clientes con las empresas distribuidoras eléctricas, advirtiendo una serie de “problemas, debilidades y distorsiones” en la iniciativa.
El experto explicó que la deuda, estimada en torno a los 850 millones de dólares, se originó por la tardía implementación de una ley aprobada durante el estallido social de 2019, la cual modificó la rentabilidad de las distribuidoras, componente que representa cerca del 20% de la tarifa eléctrica.
Según detalló, la norma demoró 43 meses en aplicarse, periodo en el que se continuó cobrando un valor antiguo, lo que generó una deuda a favor de las empresas distribuidoras.
Verdejo subrayó que esta situación es distinta a los sobrecobros por generación y transmisión abordados el año pasado, y recalcó que “involucra tanto a clientes regulados como a grandes consumidores”, como empresas y comercios, cuyos montos adeudados son considerablemente mayores.
