
La transferencia de recursos estatales destinada a la compra de nuevos aviones de combate marcó el inicio formal de una de las adquisiciones militares más relevantes de la historia reciente de Perú, en un proceso que combina decisiones técnicas, definiciones geopolíticas y cambios en el equilibrio regional.
El proyecto contempla la adquisición de 24 aeronaves para la Fuerza Aérea del Perú, iniciativa que avanzó con el traspaso de 1.137 millones de soles al Ministerio de Defensa del Perú como adelanto para la compra. La medida se concretó horas antes de la destitución del entonces mandatario interino José Jerí.
El decreto supremo que oficializó la operación estableció que los fondos deberán destinarse exclusivamente a la adquisición de aeronaves de última generación, con disponibilidad presupuestaria validada por el sector económico del Estado. La inversión total proyectada asciende a 3.500 millones de dólares y busca reemplazar la actual flota compuesta por aviones Mirage 2000 y MiG-29, considerados operativamente limitados por su antigüedad.
El proceso cuenta con revisión técnica de la Contraloría General de la República del Perú, cuyo informe permanece reservado por tratarse de un asunto vinculado a la seguridad nacional.
La definición del modelo y proveedor de las aeronaves se desarrolla en un contexto de competencia internacional. Entre las propuestas evaluadas figuran los cazas Gripen presentados por Saab de Suecia, el modelo Rafale F4 ofrecido por Dassault de Francia y el F-16 Block 70 propuesto por Lockheed Martin de Estados Unidos.
Autoridades vinculadas al proceso han señalado que la decisión final corresponde a instancias técnicas y estratégicas del sistema de defensa, y no a una determinación directa del Ejecutivo. El ex presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, sostuvo que el proceso se rige por los principios de contratación pública y por evaluaciones especializadas en adquisiciones militares.
El análisis incluye consideraciones operativas y también factores geopolíticos. Entre los aspectos evaluados se encuentran la interoperabilidad tecnológica, la infraestructura de soporte necesaria, la capacidad de disuasión y las implicancias de alianzas estratégicas internacionales.
Especialistas han subrayado que la incorporación de nuevas aeronaves requerirá sistemas complementarios como plataformas de alerta temprana, reabastecimiento en vuelo e infraestructura terrestre adaptada a las capacidades tecnológicas de los modelos en evaluación.
La adquisición también se desarrolla en un escenario internacional marcado por debates sobre soberanía tecnológica y dependencia operativa de proveedores externos, elementos que inciden en la evaluación estratégica de cada alternativa.
Mientras continúan las etapas técnicas y políticas del proceso, la transferencia de fondos habilita el inicio de la fase de negociación con los fabricantes, en un procedimiento que se mantiene bajo reserva y que apunta a recuperar la capacidad operativa y disuasiva de la aviación militar peruana.




