
Durante su visita a la región del Bío Bío, el presidente José Antonio Kast anunció el ingreso de un proyecto de ley denominado “Reconstrucción Nacional”, iniciativa que contempla 40 medidas estructuradas en cinco ejes orientados a la reconstrucción de viviendas, la reactivación económica, el ordenamiento fiscal y el fortalecimiento de la seguridad.
En materia de reconstrucción habitacional, el mandatario firmó el miércoles un decreto destinado a reforzar el rol del Ministerio de Vivienda. En ese contexto, se estableció que el ministro Iván Poduje encabezará las acciones para la reconstrucción en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Bío Bío.
El anuncio fue realizado en la población Ríos de Chile, en Lirquén, comuna de Penco, sector donde un incendio destruyó un complejo de departamentos y dejó a numerosas familias damnificadas.
Según se informó, el proyecto contempla cinco ejes principales: reconstrucción física, económica, institucional, fiscal y de orden y seguridad.
En el ámbito de la reconstrucción física, el Gobierno anunció la ampliación y extensión del Fondo de Emergencia Transitorio para enfrentar los incendios, además de la inyección adicional de 400.000 millones de pesos destinados a la atención de la emergencia. A esto se suman medidas complementarias como una rebaja transitoria del impuesto a las donaciones, la facultad para que Tesorería condone capital adeudado y la implementación de un régimen de repatriación de capitales.
En cuanto a la reconstrucción económica, la iniciativa contempla la eliminación transitoria por 12 meses del IVA a la vivienda, la reducción de la tasa corporativa desde el 27% al 23%, la reintegración del sistema tributario y la eliminación del impuesto a las ganancias de capital. También se propone un subsidio para la protección del empleo formal y la agilización de permisos ambientales y sectoriales.
Respecto del eje institucional, el plan incluye reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) con el objetivo de acelerar los procesos y reducir la incertidumbre. Además, se plantea reforzar la rectoría técnica del organismo, agilizar las concesiones marítimas y crear mecanismos expeditos para ampliaciones de faena. Asimismo, se contempla la implementación de sistemas de reembolso cuando el Estado anule resoluciones propias.
En el ámbito fiscal, el proyecto considera medidas de contención del gasto público, entre ellas ajustes a la gratuidad universitaria, limitando el beneficio a estudiantes menores de 30 años y deteniendo su extensión a nuevos deciles. También se plantea una moratoria para el ingreso de nuevas universidades al sistema y el fortalecimiento de los mecanismos de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE).
Finalmente, el eje de orden legal y seguridad pública incluye medidas de inclusión financiera para proteger a personas vulnerables frente a la usura y el crédito informal, además del endurecimiento de penas por contrabando de cigarrillos y el aumento de sanciones para el transporte ilegal de migrantes.
Las autoridades señalaron que esperan que el proyecto sea tramitado y aprobado con celeridad en el Congreso para avanzar en las medidas destinadas a enfrentar las consecuencias de los recientes incendios.



