Un nuevo episodio tensiona el escenario al interior de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, luego de que a las disputas registradas en el último Consejo de Presidentes se sumara una acción judicial por un presunto perjuicio económico derivado de una estafa.
El organismo de Quilín presentó una querella por giro doloso de cheque en contra de Vanessa Guzmán Vicencio, representante legal de la empresa M20 Sports, firma que en 2022 había adquirido los derechos nominales para denominar la Segunda División del fútbol chileno.
La situación quedó al descubierto tras una revisión contable, donde figuraba un ingreso por 52 millones de pesos asociado a la compañía. No obstante, según los antecedentes incluidos en la acción judicial, dichos fondos nunca habrían sido efectivamente recibidos por la ANFP.
Ante la imposibilidad de hacer efectivos los documentos bancarios, la entidad presidida por Pablo Milad optó por recurrir a la justicia con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.
En ese contexto, ya se fijó una fecha clave en el proceso: la audiencia de formalización quedó programada para el próximo 5 de junio en el Juzgado de Garantía de Chillán.
Este caso se suma a un complejo panorama para la Segunda División, que tras el paso de la Liga 2D en 2024, continúa sin un patrocinador principal que permita otorgar un nombre comercial al torneo de cara a la temporada 2026, profundizando así las dificultades económicas que enfrenta la categoría.
