En medio del fuerte incremento en el valor de los combustibles, el senador Karim Bianchi anunció la presentación de un proyecto de ley que busca suspender las asignaciones de combustible para parlamentarios y diversas autoridades del Estado, como señal frente al impacto económico que enfrenta la ciudadanía.
La iniciativa plantea eliminar los recursos destinados al traslado de diputados, senadores, ministros y otros organismos públicos, en un contexto marcado por el alza en los precios que ha generado amplio debate a nivel nacional.
El legislador sostuvo que la propuesta responde a un criterio ético, afirmando que “tenemos que actuar con moral, con ética y dando el ejemplo”. En esa línea, confirmó que renunció voluntariamente a su asignación de combustible e hizo un llamado a otros parlamentarios a adoptar la misma decisión, señalando que debería existir “cero peso de bencina para los parlamentarios”.
Bianchi argumentó que el aumento en los combustibles golpea directamente a la clase media, especialmente a quienes dependen del uso de vehículos por necesidad, cuestionando además que no se consideren recortes en beneficios de autoridades al momento de enfrentar la situación. “No se puede atacar la fibra más sensible de la ciudadanía mientras a nosotros se nos sigue pagando incluso la mantención del vehículo”, indicó.
Junto con el proyecto, el senador anunció el ingreso de una reforma constitucional orientada a limitar asignaciones relacionadas con combustible, peajes y mantención de vehículos en el aparato público, incluyendo al Poder Judicial, la Fiscalía y la Contraloría.
La propuesta, sin embargo, no ha generado respaldo transversal. Desde el Partido Republicano, el jefe de bancada, diputado Benjamín Moreno, evitó referirse directamente a la iniciativa, aunque en el Congreso algunos sectores la califican como una medida “populista” y “demagógica”, apuntando a que el debate debiese centrarse en soluciones de carácter estructural.
El planteamiento también reabrió cuestionamientos sobre el gasto total asociado al traslado de parlamentarios, considerando que actualmente cuentan con tarjetas de combustible para el uso de sus vehículos, así como sobre la posibilidad de que algunos legisladores financien estos costos de manera particular.
Asimismo, surgieron dudas respecto de la aplicabilidad de este tipo de medidas en regiones extremas, donde los traslados implican mayores distancias y combinaciones de transporte, lo que complejiza una implementación uniforme.
Por ahora, la discusión se mantiene enfocada en el alcance de las señales políticas frente al alza de combustibles, en paralelo a cuestionamientos sobre la gestión de estas medidas y la necesidad de una mayor coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso.
