A presidio perpetuo calificado fueron condenados Felipe, Tomás y Jefferson Antihuén Santi, tras ser declarados culpables del triple homicidio de carabineros ocurrido en 2024 en la comuna de Cañete, caso que generó amplio impacto a nivel nacional.
La sentencia fue dada a conocer la tarde de este jueves por el Tribunal Oral de Cañete, en una audiencia realizada de manera telemática, luego de un juicio que se extendió por seis semanas.
Los hechos se remontan a la noche del 26 de abril y la madrugada del 27 del mismo mes, cuando los funcionarios Sergio Arévalo, Carlos Cisternas y Misael Vidal se encontraban fiscalizando el cumplimiento de una medida cautelar en un domicilio rural, momento en que fueron asesinados.
De acuerdo con la resolución, los hermanos Antihuén Santi fueron condenados como autores ejecutores de los homicidios, mientras que Nicolás Rivas Paillao fue sentenciado como autor colaborador en los delitos.
El fallo estableció, además, diversas penas adicionales. Los hermanos fueron absueltos del delito de traslado de restos humanos, pero recibieron condenas de 10 años y un día por robo con violencia, junto con cinco años de cárcel por incendio. En tanto, Rivas Paillao fue sentenciado a cinco años y un día por su participación como colaborador en el robo con violencia y a 17 años y un día como autor colaborador del homicidio de carabineros.
Asimismo, se dictaron penas por delitos asociados. Felipe Antihuén Santi deberá cumplir tres años y un día por tenencia ilegal de arma de fuego; Jefferson Antihuén Santi recibió siete años y un día por dos delitos de tenencia ilegal de arma de fuego, además de cinco años y un día por robo con intimidación, otros cinco años y un día por homicidio simple frustrado y cuatro años por receptación de vehículo motorizado. Por su parte, Tomás Antihuén Santi fue condenado a 10 años por tenencia ilegal de arma de fuego, además de penas menores por atentado contra la autoridad.
El tribunal determinó que todas las sanciones deberán cumplirse de manera efectiva, comenzando por las de mayor gravedad.
Desde el Ministerio Público, el fiscal Roberto Garrido señaló que, si bien la sentencia no repara el dolor de las víctimas, representa un avance en términos de justicia y reconocimiento del trabajo investigativo desarrollado por los equipos persecutores y policiales.
El persecutor destacó que las penas impuestas cumplen con las expectativas de la Fiscalía, subrayando que se trata de sanciones de alta entidad, incluyendo el presidio perpetuo calificado para los autores principales y condenas que superan los 20 años de privación de libertad para el colaborador.
Finalmente, advirtió que se abre una nueva etapa procesal, considerando que las defensas podrían recurrir ante instancias superiores para impugnar la decisión del tribunal.
