Un análisis del informe 2026 del Fondo Solidario de Crédito Universitario evidenció que ocho diputados en ejercicio y al menos seis autoridades de Gobierno mantienen deudas morosas asociadas a este mecanismo de financiamiento estatal para estudios superiores en universidades del Consejo de Rectores.
Los montos adeudados fluctúan entre poco más de un millón de pesos y cerca de 40 millones, en un contexto marcado por el debate en torno al Crédito con Aval del Estado y la morosidad en los préstamos estudiantiles.
Ante este escenario, el Presidente José Antonio Kast llamó a las autoridades involucradas a regularizar sus compromisos financieros, enfatizando la necesidad de dar una señal pública. El Mandatario sostuvo que quienes ejercen cargos públicos deben ser un ejemplo frente a este tipo de situaciones y planteó que la información sobre deudores podría transparentarse.
Entre los parlamentarios, la diputada Claudia Reyes (Republicanos) registra el mayor monto, con una deuda cercana a 38 millones de pesos con la Universidad Austral de Chile. En la nómina también aparecen José Carlos Meza (Republicanos), con cerca de 17 millones con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; Nathalie Castillo (PC), con aproximadamente 27,8 millones con la Universidad de La Serena; Sara Concha (Partido Social Cristiano), con alrededor de 1,5 millones con la Universidad del Biobío; y Carolina Tello (Frente Amplio), con cerca de 12,9 millones con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Asimismo, figuran los diputados del Partido Socialista Francisco Crisóstomo y Emilia Nuyado, con deudas cercanas a 1,2 millones y 6,2 millones, respectivamente. A ellos se suma el independiente Héctor Ulloa, con un monto aproximado de 18,6 millones con la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
El reporte también identifica a autoridades del Ejecutivo con deudas pendientes. Entre ellas, la delegada presidencial de Antofagasta, Katherine López, con cerca de 8,8 millones con la Universidad de Antofagasta. También aparecen los delegados provinciales Ricardo Figueroa, con una deuda cercana a 40 millones con la Universidad de Chile, y Abel Gallardo, con aproximadamente 14 millones con la Universidad Católica de Temuco.
En el caso de los secretarios regionales ministeriales, se menciona a José Bravo, con cerca de 30 millones con la Universidad de La Frontera, y a Carlos Zirotti, con una deuda aproximada de 3,2 millones con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
De acuerdo con el informe, algunos de los involucrados indicaron que se encuentran en proceso de regularizar sus deudas o que ya han avanzado en el pago de sus compromisos con las respectivas instituciones.
El Fondo Solidario de Crédito Universitario permite financiar el arancel de estudiantes pertenecientes a universidades del Consejo de Rectores, mediante préstamos que comienzan a pagarse tras el egreso y que, en ciertos casos, pueden ser condonados después de varios años de cumplimiento.
