Este miércoles fue publicada en el Diario Oficial la Ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, normativa que establece la creación de una Política Nacional de Convivencia Educativa e incorpora la posibilidad de utilizar herramientas tecnológicas, como detectores de metales, en establecimientos educacionales bajo ciertas condiciones.
La iniciativa surge en medio de una serie de episodios de violencia escolar registrados en las últimas semanas, entre ellos el asesinato de una inspectora en un establecimiento de Calama, además de otros hechos ocurridos en recintos de distintas ciudades del país.
Según lo establecido en la ley, la implementación de dispositivos como cámaras o detectores de metales deberá estar debidamente justificada, contar con el acuerdo de la comunidad educativa o del consejo escolar y considerar la elaboración de un protocolo interno por parte del sostenedor. Este procedimiento deberá ser aprobado por la Subsecretaría de Educación, previo informe técnico del Ministerio de Seguridad.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, indicó que el Ejecutivo ya trabaja en el reglamento que permitirá aplicar la normativa, precisando que no se trata de una obligación para todos los establecimientos, sino de una alternativa para aquellos que, junto a su comunidad, estimen necesario reforzar sus medidas de seguridad.
No obstante, la autoridad advirtió que la ley por sí sola no resolverá el problema de la violencia escolar, y adelantó que el Gobierno evalúa otras iniciativas, como endurecer sanciones por delitos cometidos al interior de colegios y permitir la revisión de mochilas, lo que requeriría modificaciones legales adicionales.
La normativa también contempla la elaboración de un plan de acción nacional y establece la obligación de que todos los establecimientos cuenten con un coordinador de convivencia.
Desde el ámbito académico y político surgieron críticas a la iniciativa. El exministro de Educación Harald Beyer señaló que la ley podría tener un impacto limitado debido a su carácter burocrático, mientras que el también exsecretario de Estado Raúl Figueroa advirtió que impone nuevas exigencias a las comunidades escolares sin garantizar los recursos necesarios para su implementación.
