El Ejecutivo resolvió ampliar la aplicación de test de drogas a autoridades de gobierno, transformando esta medida en un requisito permanente que se extenderá más allá del gabinete, incorporando a subsecretarios y asesores en los próximos procesos de control.
La iniciativa no es nueva, ya que en enero se exigieron estos exámenes como condición para integrar el gabinete. Sin embargo, ahora la política se formaliza y se proyecta en el tiempo, en el marco de una estrategia impulsada desde el inicio de la administración del Presidente José Antonio Kast para reforzar los estándares de probidad en la función pública.
De acuerdo a antecedentes conocidos, junto con los test se implementará una revisión de antecedentes de los funcionarios, con el objetivo de asegurar que quienes desempeñen cargos públicos cumplan con los criterios exigidos por la administración.
Durante la conformación del gabinete ya se aplicaron pruebas como el test de pelo, método que permite detectar consumo de sustancias en periodos prolongados, lo que marcó un precedente para la actual ampliación de la medida.
Desde el oficialismo, el diputado de Renovación Nacional Juan Carlos Beltrán valoró la decisión, señalando que contribuye a fortalecer la transparencia y a recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.
El instructivo de la Contraloría vincula estos controles con otras obligaciones en materia de probidad, como la declaración de patrimonio, intereses y eventuales conflictos, consolidando un sistema más estricto de fiscalización interna.
En el ámbito del análisis político, se ha planteado que este tipo de medidas ya se aplican en distintos países con diversos fines, advirtiéndose además que experiencias internacionales evidencian los riesgos asociados a la falta de controles frente al avance del narcotráfico.
Desde el Ejecutivo sostienen que la iniciativa responde a la necesidad de fortalecer la institucionalidad, especialmente en un contexto de cuestionamientos a los mecanismos de control en administraciones anteriores.
En la oposición, en tanto, el diputado del PPD Cristián Tapia planteó que la medida debería ampliarse a todas las autoridades, mientras que Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, también valoró su implementación, destacando que constituye una señal frente al avance del narcotráfico.
La puesta en marcha de estos exámenes periódicos se instala así como una nueva herramienta en materia de transparencia, aunque abre el debate respecto a su alcance efectivo y su impacto en la fiscalización del aparato público.
