El Gobierno abordó este jueves en La Moneda la agresión sufrida por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, hecho que centró la agenda del comité de ministros realizado durante la mañana.
Tras la reunión, la ministra de Educación, María Paz Arzola, confirmó la disposición del Ejecutivo a evaluar modificaciones al proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, recientemente ingresado al Congreso, a raíz de los episodios de violencia registrados.
La secretaria de Estado explicó que la iniciativa, en su estado actual, contempla sanciones para quienes sean condenados por hechos violentos, aunque precisó que existe apertura para discutir indicaciones que amplíen su alcance, incluyendo posibles medidas en el ámbito de la educación superior.
En ese contexto, sostuvo que el foco inmediato está en avanzar con medidas urgentes para el sistema escolar, pero subrayó que el Gobierno está disponible para dialogar sobre mejoras que fortalezcan la propuesta legislativa. Asimismo, enfatizó la necesidad de entregar una señal transversal contra la violencia en los espacios educativos.
En paralelo, la bancada de diputados de la UDI anunció una propuesta orientada a retirar el beneficio de gratuidad a estudiantes que participen en hechos de violencia en la educación superior. Desde el sector, se planteó que esta iniciativa busca complementar el proyecto en discusión sin retrasar su tramitación.
Frente a ello, Arzola reiteró la disposición del Ejecutivo a dialogar con todos los sectores políticos para perfeccionar la normativa, destacando la importancia de avanzar en acuerdos amplios frente a este tipo de घटनos.
Por otra parte, el Ejecutivo informó que se mantiene atento tanto a las investigaciones internas de la Universidad Austral como a las diligencias en curso, mientras que el Ministerio del Interior confirmó la identificación de 13 personas presuntamente involucradas en la agresión.
En este escenario, la vocera de Gobierno, Mara Sedini, calificó lo ocurrido como una acción violenta que no corresponde a una manifestación legítima, y valoró la condena transversal surgida tras el incidente, aunque advirtió que se requieren medidas concretas más allá de las declaraciones.
Finalmente, la autoridad sostuvo que existen sectores políticos que respaldan este tipo de manifestaciones, reafirmando la postura del Ejecutivo en contra de la violencia y a favor del diálogo institucional como vía para resolver los conflictos.
