A un mes de asumir en La Moneda, el Presidente José Antonio Kast retomó una de sus principales propuestas de gobierno, impulsando una auditoría al Estado para identificar irregularidades y evaluar el uso de los recursos públicos, advirtiendo que eventuales faltas graves podrían derivar en la destitución de funcionarios.
La iniciativa, liderada por el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, dio a conocer sus primeros resultados preliminares tras recibir informes solicitados a los distintos servicios públicos sobre el estado de las arcas fiscales.
En ese contexto, el Mandatario enfatizó que “una acción incorrecta tiene que tener una sanción”, subrayando que los sumarios administrativos iniciados por faltas graves podrían concluir con la desvinculación de los involucrados. Asimismo, sostuvo que los cambios en la gestión pública serán progresivos, destacando que el proceso avanzará “paso a paso”.
Entre los principales hallazgos iniciales, se identificaron transferencias y convenios por más de 140 millones de dólares asignados a entidades con menos de un año de antigüedad, lo que encendió alertas respecto a los mecanismos de asignación de recursos.
Además, se detectó la existencia de cerca de 100 mil funcionarios públicos con licencias médicas superiores a un mes, junto con alrededor de mil casos que superan el año de duración.
La auditoría abarca el período correspondiente a todo 2025 hasta el 11 de marzo de este año, fecha en que se inició la actual administración. No obstante, el comité encargado —integrado por autoridades de Interior, Hacienda, Presupuestos y el Gabinete Presidencial— cuenta con un plazo de seis meses para entregar un informe definitivo con los resultados completos del proceso.
