La Superintendencia de Educación presentó una nueva guía orientada a fortalecer la seguridad en establecimientos educacionales, incorporando medidas como la creación de comités especializados y la implementación de sistemas de alarma y vigilancia.
El documento, denominado Guía Práctica de Medidas de Seguridad en Establecimientos Educacionales, entrega lineamientos dirigidos a sostenedores, directivos y comunidades educativas, con el objetivo de prevenir y enfrentar situaciones de violencia escolar, en un contexto marcado por el aumento de este tipo de घटनas.
La superintendenta subrogante de Educación, Pamela Adriazola Rojas, destacó que “la seguridad y el bienestar de estudiantes y equipos educativos son una prioridad absoluta”, subrayando que la guía proporciona herramientas concretas para actuar con rapidez ante situaciones críticas, fortaleciendo la prevención y el trabajo coordinado con familias y autoridades.
Entre las principales medidas, se establece la necesidad de revisar y actualizar los protocolos de convivencia y violencia escolar, además de reforzar el Plan Integral de Seguridad Escolar mediante la creación de Comités de Seguridad.
Asimismo, se promueve el fortalecimiento del apoyo psicológico y de salud mental, con acciones de acompañamiento, detección temprana de conductas de riesgo y canales de comunicación efectivos con las familias, tanto en instancias preventivas como posteriores a episodios complejos.
La guía también considera el fortalecimiento de la seguridad en los establecimientos mediante coordinaciones con Carabineros, municipalidades y redes asistenciales, junto con la implementación de controles más estrictos en los accesos y salidas para resguardar a la comunidad educativa.
En materia de vigilancia, se contempla la instalación de sistemas como cámaras de seguridad bajo criterios de proporcionalidad y respeto a los derechos, evitando intervenciones invasivas en espacios pedagógicos. A ello se suma la definición de dispositivos de alarma que permitan alertar ante emergencias y activar protocolos de evacuación o confinamiento.
Otro de los puntos relevantes es la obligación de denunciar, dentro de un plazo de 24 horas, cualquier hecho que constituya delito y afecte a estudiantes o ocurra al interior de los recintos, responsabilidad que recae en directores, inspectores y docentes.
De manera excepcional, se contempla la posibilidad de reemplazar actividades presenciales por clases telemáticas en casos de fuerza mayor que impidan el normal funcionamiento, debiendo informar estas decisiones a la Dirección Provincial de Educación.
Finalmente, el documento establece que, en el marco de su autonomía, los establecimientos podrán aplicar medidas disciplinarias como la expulsión o cancelación de matrícula frente a hechos graves, conforme a lo dispuesto en la Ley Aula Segura.
