A raíz de la denuncia del parlamentario del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, el órgano contralor acogió los antecedentes presentados y ordenó la restitución de $10.284.178 por horas utilizadas en cirugías, atrasos reiterados y exceso de horas clínicas autorizadas en el recinto hospitalario.
La Contraloría General de la República acogió la denuncia presentada por el diputado republicano Juan Irarrázaval contra el director del Hospital San José de Melipilla, Óscar Vargas Duranti, quien fue denunciado por realizar intervenciones quirúrgicas privadas al interior del establecimiento, utilizando recursos públicos y ejerciendo funciones clínicas en recintos particulares durante su jornada laboral, en contravención a su deber de dedicación exclusiva.
Según el reciente Informe de Investigación Especial N° 840, el órgano contralor confirmó los hechos denunciados, los que dicen relación, entre otros aspectos, con la realización de cesáreas durante el año 2024 financiadas mediante el bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico) de Fonasa, lo que habría significado un beneficio económico personal para el director del recinto hospitalario.
El informe detalla que, en materia de jornada laboral, se constataron múltiples ausencias de registro de entradas y salidas, además de atrasos y salidas anticipadas, sin que existiera respaldo de permisos administrativos, feriados legales, licencias médicas o compensaciones horarias que justificaran dichas inasistencias.
Asimismo, la Contraloría verificó que durante los años 2023, 2024 y entre enero y septiembre de 2025 se efectuaron 47 cirugías y procedimientos médicos dentro del horario institucional asignado, sin que se acreditara la compensación del tiempo utilizado ni el reintegro oportuno de las remuneraciones percibidas por horas no trabajadas.
En cuanto al cumplimiento del régimen de dedicación exclusiva, el organismo fiscalizador determinó que durante el año 2023 el doctor Vargas realizó actividades clínicas tanto en el Hospital San José de Melipilla como en la Clínica San Agustín, superando las 12 horas semanales autorizadas, lo que constituye una infracción directa a la normativa vigente.
Frente a estas observaciones, el Servicio de Salud Metropolitano Occidente (SSMOCC) —del cual depende el hospital— reconoció las tres situaciones detectadas por la Contraloría y ordenó al director del establecimiento reintegrar la suma de $10.284.178, correspondiente a 23 horas utilizadas en cirugías, 199 atrasos y salidas anticipadas, y 12 horas que excedían las horas clínicas autorizadas, todo ello entre enero de 2023 y el 30 de septiembre de 2025. Dicho reintegro fue efectuado en diciembre del año pasado.
Al respecto, el diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, aseguró que “esta resolución de la Contraloría confirma que la denuncia tenía fundamentos sólidos y que aquí no hubo interpretaciones arbitrarias. Se vulneraron principios básicos de probidad y se incumplieron normas esenciales que regulan el uso de recursos públicos y la función directiva en el sistema de salud. Cuando una autoridad utiliza su cargo en beneficio propio, se daña gravemente la confianza de las personas en las instituciones”.
No obstante, la Contraloría fue enfática en señalar que, pese a la devolución de los recursos, no se ha acreditado el cumplimiento efectivo de la totalidad de la jornada laboral del director, razón por la cual instruyó al SSMOCC iniciar un procedimiento disciplinario destinado a establecer las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de estos hechos.
Adicionalmente, el informe ordenó al Hospital San José de Melipilla adoptar una serie de medidas correctivas y de regularización administrativa, fijando plazos acotados para su cumplimiento. Entre ellas, se establece un plazo de 60 días hábiles para remitir un instructivo que apruebe un manual de procedimiento que regule la atención de pacientes particulares, instrumento que no existía al momento de la denuncia.
