El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago acogió una solicitud de la defensa de Cathy Barriga y resolvió postergar por seis meses la audiencia de preparación de juicio oral en contra de la exalcaldesa de Maipú.
La diligencia estaba fijada para este martes, sin embargo, los abogados de la exjefa comunal solicitaron mayor plazo para revisar los antecedentes de la investigación, argumentando que estos no habían sido entregados íntegramente por la Fiscalía Oriente. El tribunal dio lugar a la petición y fijó la nueva fecha de la audiencia para el próximo 4 de agosto.
Tras la resolución, el abogado defensor de Barriga, Cristóbal Bonacic, valoró la decisión judicial, señalando que es deber del Ministerio Público entregar a la defensa la totalidad de los antecedentes recabados durante la investigación. Indicó que el tribunal advirtió la falta de entrega de dicha información y accedió a modificar la fecha a solicitud de la defensa.
“La ley establece en forma obligatoria que cuando se presenta una acusación, el Ministerio Público tiene la obligación legal de poner a disposición de la defensa la totalidad de los antecedentes. Esta defensa lo ha ido pidiendo en forma oportuna”, sostuvo Bonacic.
Por su parte, Cathy Barriga afirmó que la postergación le parece “lo prudente para que mi abogado pueda ejercer mi defensa”.
Desde la Fiscalía Oriente, el fiscal jefe de Alta Complejidad, Felipe Sepúlveda, señaló que la solicitud no resultó sorpresiva, considerando el volumen de antecedentes contenidos en la investigación. Respecto a la denuncia por la no entrega de información, indicó que la carpeta investigativa fue remitida al tribunal el mismo día en que se presentó la acusación y que lo pendiente corresponde a evidencia que aún se encuentra bajo custodia, relacionada con archivos digitales que la defensa no ha retirado.
Cabe recordar que Cathy Barriga se encuentra imputada por diversos delitos de corrupción cometidos durante su gestión como alcaldesa de Maipú, los que habrían generado un déficit superior a los 30 mil millones de pesos. La Fiscalía Oriente solicitó una pena de hasta 23 años de cárcel, mientras que el Consejo de Defensa del Estado, en calidad de querellante, pidió una condena de 37 años.
Entre los delitos que se le imputan figuran fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible.
