El Presidente electo, José Antonio Kast, manifestó su respaldo al proyecto de ley impulsado desde sectores de la derecha que propone establecer un arresto domiciliario de carácter “humanitario” para reos de avanzada edad o que presenten un delicado estado de salud.
La iniciativa ha generado debate debido a que eventualmente podría beneficiar a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos.
El futuro Mandatario se refirió al tema durante la noche del jueves, antes de abordar un vuelo con destino a Miami, donde participará en la cumbre Escudo de las Américas organizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En sus declaraciones, Kast señaló que el debate sobre la propuesta se encuentra actualmente radicado en el Congreso y subrayó que la iniciativa no contempla indultos ni liberaciones, sino una modalidad distinta para el cumplimiento de las condenas.
El líder republicano afirmó que las penas deben cumplirse, pero sostuvo que ello debe realizarse respetando principios de humanidad. En esa línea, mencionó planteamientos que en su momento realizó el sacerdote Fernando Montes, respecto de que el cumplimiento de las condenas debe considerar la dignidad de las personas.
Asimismo, indicó que el proyecto puede ser objeto de modificaciones durante su tramitación legislativa, especialmente considerando que algunos sectores incluso dentro de la derecha han manifestado reparos por la redacción y el alcance del texto.
Cabe recordar que el sacerdote Fernando Montes planteó en 2020 la posibilidad de revisar caso a caso la situación de reos ancianos recluidos en el penal de Punta Peuco, aunque posteriormente aclaró que no suscribió un recurso de amparo presentado en su nombre por el abogado Christian Espejo junto a representantes de otras iglesias.
Respecto del avance del proyecto, Kast destacó que la iniciativa continuará su discusión en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, donde se analizarán las indicaciones presentadas por parlamentarios.
Sin embargo, desde el Gobierno saliente han advertido que la falta de requisitos más estrictos para acceder al beneficio podría abrir la posibilidad de que cerca de 12 mil internos obtengan este tipo de cumplimiento alternativo de condena, cifra que equivale aproximadamente al 20% de la población penal del país.
