Este viernes comenzará a sesionar el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, instancia impulsada por el presidente José Antonio Kast para llevar adelante una revisión integral del funcionamiento del aparato público.
La iniciativa se enmarca en el instructivo firmado el pasado 11 de marzo por el mandatario, mediante el cual se ordenó realizar una auditoría total del Estado bajo criterios de urgencia y con énfasis en la transparencia, uno de los principales compromisos de su programa de gobierno.
La primera sesión se desarrollará al mediodía en el Palacio de La Moneda y será encabezada por la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, Constanza Castillo. En la instancia también participarán el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez y el representante del Presidente, Francisco Riveros.
Durante esta jornada se espera formalizar el comité, además de definir las normas de funcionamiento, lineamientos operativos y un cronograma de trabajo que permita cumplir con el objetivo de concluir la auditoría dentro de los primeros seis meses de mandato.
Desde el Ejecutivo anticiparon que podrían surgir anuncios relevantes, particularmente en relación con las primeras áreas que serán sometidas a revisión y las diligencias iniciales que se instruirán en el proceso.
La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, sostuvo que la administración buscará avanzar en un ordenamiento del Estado, advirtiendo que los resultados podrían generar incomodidad. En ese sentido, aseguró que el proceso se desarrollará con foco en la transparencia y la rendición de cuentas.
El modelo contempla una estructura de tres niveles, integrada por el comité estratégico, el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno y las unidades de auditoría interna de cada ministerio y servicio. Entre los aspectos a revisar se consideran transferencias de recursos, contrataciones y ejecución presupuestaria.
Asimismo, no se descarta que el proceso sea complementado con auditorías externas, con el objetivo de reforzar la rigurosidad de la revisión y garantizar el correcto uso de los recursos públicos.
