La ministra de Educación, María Paz Arzola, anunció que el Gobierno avanzará en la implementación de la Ley de Convivencia Escolar mediante la elaboración de su reglamento, junto con impulsar nuevas iniciativas legislativas enfocadas en reforzar la seguridad en los establecimientos educacionales, tras el homicidio de una inspectora en un instituto de Calama.
La secretaria de Estado se trasladó a la zona junto a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, por instrucción del Presidente José Antonio Kast. Ambas autoridades sostuvieron una reunión en la Delegación Provincial de El Loa con representantes locales y miembros de la comunidad educativa del Instituto Obispo Silva Lezaeta, escenario del ataque.
Arzola indicó que la prioridad inmediata está centrada en la contención emocional de la familia afectada y de la comunidad escolar. En esa línea, explicó que las clases en el establecimiento permanecerán suspendidas, mientras que el retorno será gradual, iniciando con los funcionarios y posteriormente con los estudiantes.
En paralelo, la ministra detalló que el Ministerio de Educación trabaja en orientaciones y en el reglamento necesario para hacer operativa la ley, recientemente aprobada, lo que permitirá a los establecimientos que lo requieran implementar medidas de seguridad como detectores de metales en sus accesos.
Asimismo, adelantó que en una segunda etapa se promoverán nuevas medidas legislativas orientadas a fortalecer la seguridad en los colegios, una vez que la normativa supere su trámite en la Contraloría.
Por su parte, la ministra Steinert confirmó que ambas autoridades regresarán a la zona el próximo lunes 4 de mayo para continuar el seguimiento de la situación.
En el ámbito judicial, el presunto autor del ataque, un joven de 18 años identificado con las iniciales H.C.M.L., fue trasladado bajo un amplio resguardo policial hasta el Juzgado de Garantía de Calama, donde enfrentó su control de detención durante la mañana.
El imputado es acusado de dar muerte a la inspectora María Victoria Reyes, además de provocar lesiones a otra funcionaria y a tres estudiantes del recinto. Su audiencia de formalización quedó fijada para después de las 11:00 horas.
Se prevé que el Ministerio Público solicite la ampliación de la detención, a la espera de antecedentes clave como el informe de autopsia del Servicio Médico Legal y la evolución de los heridos, entre ellos un estudiante que permanece en riesgo vital en el Hospital Regional de Antofagasta.
La causa es encabezada por el fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña, y cuenta con la participación como querellantes del Ministerio de Seguridad Pública, la defensa del padre de uno de los estudiantes lesionados y la concejal Carolina Latorre.
