Con 103 votos a favor, la Cámara de Diputados de Chile aprobó la idea de legislar el proyecto denominado “Escuelas protegidas”, impulsado por el Gobierno con el objetivo de reforzar la seguridad en establecimientos educacionales.
La iniciativa ha generado controversia debido a algunas de sus propuestas, como la revisión de mochilas y bolsos de estudiantes, así como la inhabilitación por cinco años para acceder a la gratuidad en la educación superior a quienes sean condenados por delitos contra personas o la propiedad. Tras su aprobación general —y luego de haber sido visada previamente por la Comisión de Educación—, el proyecto iniciará ahora su discusión en particular.
Durante el debate, se ingresó una veintena de indicaciones, principalmente desde la oposición, que ha manifestado reparos a distintos aspectos del texto. Sin embargo, también surgieron diferencias al interior del oficialismo, especialmente en torno a la sanción vinculada a la gratuidad.
En ese contexto, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, defendió la medida señalando que no debe otorgarse gratuidad a quienes cometen delitos en el ámbito educacional. Por su parte, la diputada de RN, Ximena Ossandón, planteó que no es equiparable la situación de un estudiante en etapa escolar con la de una persona en educación superior, advirtiendo que impedir el acceso a este beneficio podría limitar sus oportunidades de desarrollo.
Otro de los puntos que generó mayor discusión fue la posibilidad de expulsar y dejar sin matrícula a estudiantes involucrados en hechos graves de convivencia escolar que deriven en la suspensión de clases. El diputado del PS, César Valenzuela, cuestionó la amplitud de la norma, señalando que podría afectar incluso a estudiantes que participen en movilizaciones pacíficas.
En contraste, el diputado libertario Cristóbal Urruticoechea sostuvo que existen grupos que buscan generar desorden y violencia en los establecimientos, involucrando no solo a estudiantes, sino también a otros actores de la comunidad educativa.
Desde el Ejecutivo, la ministra de Educación, María Paz Arzola, afirmó que el Gobierno está disponible para precisar el alcance de la iniciativa. En esa línea, indicó que se evalúa acoger la propuesta de acotar la inhabilitación de la gratuidad únicamente a delitos cometidos dentro de los recintos educacionales o en sus inmediaciones.
