La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó un proyecto de ley que busca prohibir a las empresas que operan en Chile subcontratar servicios de call center ubicados fuera del país, iniciativa que ahora continuará su tramitación en el Senado.
La propuesta apunta a enfrentar el aumento de estafas telefónicas internacionales y, al mismo tiempo, fomentar el empleo local en el rubro de teleoperadores, una industria que actualmente genera cerca de 30 mil puestos de trabajo en el país, principalmente ocupados por mujeres.
El proyecto contempla sanciones de hasta mil Unidades de Fomento, equivalentes a más de 40 millones de pesos, para las empresas que externalicen este tipo de servicios fuera del territorio nacional.
La medida abarcaría servicios destinados a contactar o ser contactados por terceros mediante llamadas telefónicas, plataformas digitales, medios telemáticos u otros sistemas electrónicos para fines comerciales, administrativos, de atención al cliente, ventas, promociones o recepción de reclamos.
Entre los fundamentos de la iniciativa se plantea que el crecimiento de la industria de call center ha traído beneficios laborales y comerciales, pero también efectos negativos asociados a prácticas invasivas de publicidad, cobranzas abusivas y un aumento de delitos cometidos mediante llamadas fraudulentas.
Además, el texto advierte sobre una creciente tendencia a externalizar estos servicios hacia países como Perú y Colombia, donde existirían menores estándares laborales. Según los antecedentes expuestos durante la discusión, cerca del 41% de la subcontratación del sector ya se realizaría fuera de Chile.
El proyecto fue presentado por el diputado Gonzalo Winter y, pese a contar inicialmente con un informe negativo de la Comisión de Economía, terminó siendo respaldado por la Sala.
Durante el debate parlamentario, tanto Winter como el diputado Jorge Díaz criticaron el uso de call center internacionales para efectuar spam telefónico y estafas, además de cuestionar que las empresas privilegien reducir costos mediante contratación en mercados con menores exigencias laborales.
El autor de la iniciativa sostuvo además que la propuesta busca fortalecer el empleo nacional y evitar la precarización laboral en el sector.
Desde la vereda contraria, los diputados Luis Sánchez y Luis Pardo manifestaron reparos al proyecto, argumentando que podría afectar la competitividad y dinamismo económico. También señalaron que la medida podría entrar en conflicto con acuerdos internacionales que permiten a empresas chilenas prestar servicios de call center en el extranjero.
Asimismo, advirtieron que la iniciativa no aborda directamente el problema del spam telefónico, planteando que el combate a este fenómeno debe enfocarse en herramientas tecnológicas de control y fiscalización.
