El Gobierno comenzó a ejecutar y acelerar procesos de expulsión y revocación de residencia contra ciudadanos extranjeros detenidos en hechos de violencia registrados durante manifestaciones realizadas en Santiago en las últimas semanas.
De acuerdo con antecedentes del Servicio Nacional de Migraciones, las medidas administrativas apuntan a personas arrestadas tras las marchas del 26 de marzo y del 1 de mayo de 2026, varios de ellos denunciados por delitos como desórdenes públicos, tráfico en pequeñas cantidades y porte de armas cortantes.
Uno de los casos corresponde al ciudadano argentino Andrés Alexis Vergara, detenido luego de los incidentes ocurridos tras la movilización del 26 de marzo. Según los antecedentes, el hombre había ingresado a Chile en 2019 en calidad de turista y posteriormente fue denunciado por mantener residencia irregular.
La Subsecretaría del Interior dictó una resolución de expulsión en su contra, la cual fue notificada el 13 de abril y concretada el 22 del mismo mes a través del paso fronterizo Los Libertadores.
En paralelo, otros cinco ciudadanos extranjeros —de nacionalidades venezolana, peruana y colombiana— quedaron sujetos a procesos de revocación de visa y abandono obligado del país. Las autoridades advirtieron que, en caso de no abandonar Chile dentro del plazo establecido, se avanzará hacia expulsiones administrativas.
Entre ellos figura el ciudadano colombiano Diego Andrés Rivera Silvestre, quien no registra ingreso por paso habilitado. Según los antecedentes, había sido detenido anteriormente por porte de arma cortante o punzante y posteriormente volvió a ser arrestado el 1 de mayo por tráfico en pequeñas cantidades.
También aparece el ciudadano peruano Juan Piero Gazzolo Champac, detenido tras la marcha del 26 de marzo y cuyo caso actualmente se encuentra en etapa de análisis para una eventual expulsión.
A estos antecedentes se suma la expulsión administrativa del ciudadano ecuatoriano Víctor Hugo Paladines Pinargote, quien mantenía una orden de detención vigente en Ecuador por el delito de secuestro extorsivo.
Según información policial, Interpol Chile alertó sobre su situación y sobre antecedentes asociados a presuntos vínculos con asociación ilícita en su país de origen.
El Servicio Nacional de Migraciones había decretado su expulsión mediante una resolución emitida en noviembre de 2025, medida que posteriormente fue notificada y ratificada. Tras labores de seguimiento y monitoreo, personal policial detectó supuestas maniobras destinadas a evitar la concreción de la medida administrativa.
Finalmente, el ciudadano ecuatoriano fue detenido y trasladado a dependencias de la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional, donde se confirmó que un recurso presentado ante la Corte Suprema no suspendía la ejecución de la expulsión.
La salida del país se concretó durante la madrugada de este viernes, cerca de las 00:30 horas, mediante un vuelo comercial con destino fuera de Chile.
