La Corporación Nacional del Cobre, Codelco, informó una serie de medidas internas tras concluir una auditoría iniciada por una denuncia relacionada con un reporte de producción presuntamente sobreestimado al cierre de 2025. La investigación estableció desviaciones en la aplicación de normas internas vinculadas al reconocimiento de producción y derivó en sanciones, ajustes administrativos y acciones judiciales.
De acuerdo con los resultados, la revisión identificó inconsistencias asociadas a 20 mil toneladas métricas de cobre fino contenidas en óxidos de la División Chuquicamata y otras 6.875 toneladas métricas de cobre fino contenidas en arsenito de calcio de la División Ministro Hales. En conjunto, estas cifras representan cerca del 2% de la producción propia reportada por la estatal para el año 2025.
Según explicó la empresa, dichos materiales aún requerían procesamiento adicional y no cumplían completamente los requisitos establecidos por la normativa interna para ser considerados productos terminados. En consecuencia, debieron mantenerse clasificados como productos en proceso.
La auditoría también concluyó que existieron incumplimientos normativos, aplicación improcedente de mecanismos de excepción y falencias en procesos obligatorios de aprobación. Asimismo, se identificaron efectos en el cálculo de metas corporativas y sistemas de incentivos asociados al desempeño.
Pese a los hallazgos, la revisión descartó impactos que obliguen a modificar los estados financieros auditados al cierre de diciembre de 2025. Sin embargo, Codelco anunció que incorporará notas aclaratorias en distintos documentos corporativos y comunicaciones oficiales relacionadas con las cifras de producción informadas.
La investigación interna estableció además responsabilidades individuales que involucran a siete ejecutivos y un exejecutivo, pertenecientes a la administración central y a las divisiones involucradas. Como resultado, se adoptaron medidas disciplinarias que incluyen la desvinculación de un ejecutivo y sanciones administrativas para otros profesionales.
Junto con ello, la compañía anunció una actualización de sus normas internas sobre reportes de producción, incorporando estándares y prácticas internacionales para reforzar los controles y prevenir situaciones similares.
En paralelo, el directorio resolvió presentar una denuncia ante el Ministerio Público con el objetivo de que se investigue una eventual existencia de hechos constitutivos de delito. Además, la estatal deberá recalcular los incentivos variables vinculados a los indicadores afectados y evaluar mecanismos de recuperación de los pagos asociados, conforme a la normativa vigente.
