En el marco del aniversario número 99 de Carabineros, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, sostuvo este lunes una reunión con dirigentas de la Fundación “Unidas por Siempre”, organización que reúne a las viudas de mártires de la institución policial.
Durante el encuentro, la secretaria de Estado reafirmó el compromiso del Gobierno del Presidente José Antonio Kast con Carabineros, marcando distancia con sectores que, según señaló, han cuestionado y denostado la labor policial.
La instancia estuvo enfocada principalmente en la contención y el acompañamiento a las familias de funcionarios fallecidos en actos vinculados al servicio, por lo que no se abordaron en detalle las medidas recientemente anunciadas por el Ejecutivo. También participó en la reunión la diputada republicana Javiera Rodríguez.
Si bien las asistentes valoraron algunos anuncios impulsados por el Gobierno, manifestaron que aún persisten expectativas respecto de apoyos concretos, entre ellos el pago del bono trimestral destinado a los funcionarios.
Uno de los principales temas planteados por las viudas fue la necesidad de agilizar y garantizar el reconocimiento del grado póstumo para los carabineros fallecidos en el cumplimiento del deber, especialmente en aquellos casos donde el funcionario no se encontraba uniformado o en acto de servicio al momento del hecho.
Nancy Miranda, viuda de Yonny Alejandro Novoa Leal, carabinero hallado sin vida en 2016 mientras vestía de civil en la comuna de Lo Prado, expuso las dificultades que enfrentan muchas familias en estos procesos.
Según explicó, cuando un funcionario fallece estando activo y uniformado, el reconocimiento del grado póstumo suele concretarse de manera inmediata. Sin embargo, la situación cambia cuando el hecho ocurre durante un día libre o fuera de servicio, ya que se abre una investigación que puede extenderse por años.
Miranda relató que en su caso personal el proceso tardó cinco años, lo que generó una prolongada incertidumbre para su familia en medio del duelo.
La dirigenta sostuvo que este procedimiento debe modificarse y planteó que todo funcionario que entrega su vida protegiendo a otros debería acceder de manera justa y expedita al máximo grado póstumo posible, como una forma de reconocimiento a su servicio y sacrificio.
