La justicia española resolvió a favor de la cantante Shakira al anular una sanción tributaria vinculada al ejercicio fiscal de 2011, decisión que además abre paso a la devolución de más de 60 millones de euros, considerando impuestos, intereses y costas judiciales.
La resolución fue adoptada por la Audiencia Nacional, tribunal que acogió el recurso presentado por la artista contra decisiones previas de la administración tributaria española. Con ello, quedaron anuladas las liquidaciones y sanciones aplicadas por concepto de impuestos sobre la renta y patrimonio correspondientes a ese período.
El fallo establece que las autoridades no lograron acreditar que la intérprete permaneciera más de 183 días en territorio español durante 2011, requisito exigido por la legislación para determinar la residencia fiscal y las obligaciones tributarias asociadas.
La controversia administrativa se centró inicialmente en una reclamación superior a los 55 millones de euros. Sin embargo, el equipo legal de la artista sostuvo que la cifra total a devolver superaría los 60 millones al incorporar intereses acumulados y gastos judiciales.
Según el entorno de la cantante, esta decisión representaría el cierre de la última disputa pendiente que mantenía en España tras ocho años de controversias relacionadas con asuntos fiscales.
Pese a ello, autoridades tributarias españolas recordaron que la artista previamente aceptó condenas relacionadas con delitos tributarios correspondientes a los años entre 2012 y 2014. Además, señalaron que la reciente sentencia aún puede ser apelada ante instancias superiores.
El caso se suma a otra resolución conocida recientemente, luego de que una investigación por un supuesto fraude tributario vinculado al año 2018 fuera archivada y derivada a la vía administrativa.
En declaraciones difundidas por su equipo legal, Shakira afirmó que la decisión judicial confirma que nunca cometió fraude fiscal en relación con sus ingresos de 2011 y cuestionó el tratamiento público que recibió durante el proceso, señalando que fue expuesta como culpable antes de que existiera una resolución definitiva.
Su defensa también criticó el actuar de las autoridades fiscales y valoró el fallo judicial, destacando que la resolución representa un respaldo al derecho de defensa frente a disputas administrativas prolongadas.
