Una profunda revisión de la estructura del Estado anunció el Presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública, instancia en la que confirmó la creación de una comisión de expertos encargada de proponer cambios al funcionamiento de la administración pública.
El Mandatario informó que el grupo tendrá la misión de diseñar una nueva arquitectura institucional orientada a reducir el número de ministerios, eliminar duplicidades de funciones y optimizar el uso de los recursos fiscales.
Según explicó, las conclusiones de esta comisión servirán de base para futuros proyectos de ley que buscarán concretar una reorganización del aparato estatal de manera gradual y ordenada.
Kast sostuvo que el objetivo es avanzar hacia una estructura más eficiente, con funciones claramente definidas y una mejor coordinación entre los distintos organismos públicos.
Durante su intervención, el jefe de Estado también puso el foco en el Sistema de Alta Dirección Pública, mecanismo creado para seleccionar directivos del Estado bajo criterios de mérito y capacidad profesional.
Si bien valoró el propósito original de la Alta Dirección Pública, afirmó que actualmente enfrenta dificultades que afectan su funcionamiento, entre ellas extensos tiempos de selección, vacantes prolongadas y cargos ocupados de manera interina durante largos períodos.
El Presidente aseguró que esta situación impacta directamente en la gestión de diversas instituciones públicas y citó como ejemplo la red de salud estatal.
De acuerdo con los antecedentes entregados por el Mandatario, al inicio de su administración existían 184 cargos vacantes de un total de 321 puestos que deben ser provistos mediante el sistema de Alta Dirección Pública en hospitales y servicios de salud del país.
Ante este escenario, anunció una evaluación integral del sistema con el propósito de agilizar los procesos de selección, fortalecer la estabilidad de los equipos directivos y garantizar que los cargos estratégicos sean ocupados oportunamente.
La iniciativa forma parte del conjunto de reformas administrativas impulsadas por el Ejecutivo, orientadas a modernizar el funcionamiento del Estado y mejorar la gestión de los servicios públicos.
