El ajuste fiscal impulsado por el Gobierno abrió un nuevo foco de tensión en el sistema de salud, luego de que la ministra May Chomali confirmara que el Ministerio de Salud se someterá al recorte del 3% del presupuesto instruido por el presidente José Antonio Kast.
La medida generó una rápida reacción de organizaciones gremiales del sector, cuyos representantes llegaron hasta el Palacio de La Moneda para solicitar formalmente que la cartera sea excluida del ajuste. En la presentación, advirtieron que la reducción de recursos podría afectar de manera directa el funcionamiento de la red asistencial.
Dirigentes de Fenpruss, Fenasenf, Fenats, Confedeprus y Ancosalud respaldaron la petición mediante una carta conjunta, en la que alertaron que el recorte —estimado en 517 mil millones de pesos— impactaría a un sistema que atiende a más del 80% de la población del país.
Según expusieron, la medida coincide con el inicio de la temporada de enfermedades respiratorias, lo que podría intensificar la presión sobre hospitales y centros de salud, debilitando la capacidad de respuesta y agravando las listas de espera.
En esa línea, el presidente de Fenpruss, Rodrigo Rocha, criticó la decisión y sostuvo que resulta contradictorio impulsar medidas sanitarias mientras se reducen recursos esenciales. Afirmó que el gremio continuará exigiendo revertir el recorte, advirtiendo consecuencias en la atención de millones de personas.
El debate también se trasladó al ámbito político. El senador Juan Luis Castro, presidente de la comisión de Salud del Senado, instó a la ministra a enfrentar las negociaciones con la Dirección de Presupuestos, recordando que históricamente los titulares de la cartera han defendido el financiamiento del sector. Asimismo, manifestó dudas sobre la viabilidad de resguardar la atención de pacientes con una disminución de esta magnitud.
Pese a las críticas, la ministra Chomali ratificó que el ajuste ya está en marcha y que el Minsal forma parte del esfuerzo fiscal, señalando que se encuentran en conversaciones técnicas con la Dipres para evaluar el desempeño de los distintos programas y su aporte a los pacientes.
Desde el oficialismo, el senador Sergio Gahona respaldó la medida, argumentando que antes de solicitar mayores recursos es necesario avanzar en eficiencia dentro del sistema, apuntando a problemas como el uso de licencias médicas y la duplicidad de funciones.
En paralelo, persiste la preocupación por la situación financiera del sistema sanitario. Estimaciones de gremios y parlamentarios advierten que los recursos disponibles permitirían sostener la red pública solo por un periodo acotado durante 2026, lo que incrementa la incertidumbre frente a la implementación del recorte presupuestario.
