El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, en la Región de Tarapacá, decretó este jueves la medida cautelar de prisión preventiva para Justiniano Canchi Gutiérrez y Carlos Armando Lira Colque, ciudadanos bolivianos formalizados como autores de los delitos de contrabando y daños calificados.
De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, los imputados fueron sorprendidos el pasado domingo 12 de abril mientras realizaban maniobras ilícitas en la zona fronteriza de la comuna de Colchane.
Durante la instancia judicial, el magistrado Luis Rodríguez resolvió ordenar el ingreso de ambos al sistema penitenciario, al considerar que su libertad constituye un riesgo para la seguridad de la sociedad. Asimismo, se fijó un plazo de 100 días para el desarrollo de la investigación.
Según detalló el Ministerio Público, los acusados actuaron de manera coordinada junto a otros individuos de nacionalidad boliviana, con quienes planificaron el traslado de una retroexcavadora a través de pasos no habilitados, con el propósito de evadir los controles aduaneros e ingresarla ilegalmente a territorio boliviano.
La indagatoria también estableció que los imputados mantenían comunicación constante con terceros, quienes les entregaban instrucciones logísticas sobre la presencia de personal policial, además de brindar apoyo material para concretar la operación.
Para facilitar el contrabando, los sujetos utilizaron la misma maquinaria para intervenir una zanja construida por el Ejército en el sector de Pampa Tordo, infraestructura destinada a impedir el tránsito irregular en la frontera, la cual fue parcialmente rellenada.
Pese a intentar huir al advertir la presencia de Carabineros, ambos fueron detenidos en el lugar y posteriormente puestos a disposición de la justicia.
El tribunal consignó además que los hechos generaron un impacto económico relevante, considerando que el valor aduanero de la retroexcavadora asciende a 14.948 dólares, lo que implica un perjuicio fiscal superior a los cuatro millones de pesos. A ello se suma el daño a la infraestructura fronteriza, cuyo costo de reparación fue estimado en cerca de seis millones de pesos.
