La Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) manifestó su rechazo al artículo incluido en el Plan de Reconstrucción Nacional que permitiría a los sistemas de inteligencia artificial utilizar obras lícitamente publicadas sin requerir autorización de sus titulares ni remuneración, siempre que dicho uso no constituya una “explotación encubierta”.
A través de una declaración pública, la entidad advirtió que esta disposición afectaría directamente a los medios de comunicación, especialmente a las más de mil emisoras que integran la asociación, las cuales —según señalaron— han construido durante décadas su credibilidad mediante inversión sostenida, equipos periodísticos especializados, cobertura territorial y un fuerte vínculo con las comunidades.
Desde Archi sostuvieron que el contenido periodístico verificado, diverso y confiable que producen estas radios sería utilizado gratuitamente por sistemas de inteligencia artificial generativa desarrollados por grandes corporaciones tecnológicas, sin compensación económica ni consentimiento previo.
La asociación recordó que una norma similar ya había sido rechazada anteriormente por la Cámara de Diputadas y Diputados durante la tramitación del proyecto de ley sobre sistemas de inteligencia artificial. Sin embargo, alertó que ahora reaparece con un alcance mayor, eliminando restricciones como su uso exclusivo para investigación científica sin fines de lucro, sin mecanismos de reserva de derechos y sin consulta previa a los sectores involucrados.
Asimismo, cuestionaron que esta materia haya sido incorporada dentro de un proyecto enfocado en la reconstrucción económica, la reforma tributaria y la racionalización de permisos, argumentando que no existe relación directa entre esos objetivos y la regulación de excepciones al derecho de autor.
Archi también advirtió sobre la desigualdad que enfrentan las radios chilenas frente a las plataformas digitales globales, las que —afirmaron— capturan una parte creciente del mercado sin asumir las mismas obligaciones regulatorias ni retribuir al ecosistema informativo del que se benefician.
En esa línea, señalaron que permitir que estas empresas utilicen gratuitamente contenido periodístico para entrenar sus sistemas profundizaría esa brecha, transfiriendo valor desde el periodismo regional chileno hacia actores internacionales que no invierten en la producción informativa local.
La organización agregó que la cláusula que exige que el uso no constituya una “explotación encubierta” resulta jurídicamente insuficiente, ya que no establece criterios claros para diferenciar un uso legítimo de uno comercial encubierto, dejando en manos de los titulares de derechos la carga de iniciar litigios complejos y costosos frente a grandes compañías tecnológicas.
Finalmente, Archi sostuvo que el derecho de autor representa la base económica que permite sostener un periodismo profesional y territorialmente presente, por lo que debilitar esa protección en un contexto de creciente desinformación podría tener consecuencias graves para la democracia y la cohesión regional.
Por ello, solicitó al Gobierno retirar el artículo 8 de la denominada “megarreforma” y abrir una instancia formal de diálogo con asociaciones gremiales de medios de comunicación y titulares de derechos antes de avanzar en cualquier legislación que permita el uso de obras protegidas para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial.
