La controversia generada por la sobreestimación de cifras de producción en Codelco continúa sumando repercusiones y ahora golpea directamente a miles de trabajadores de la estatal. El caso, que involucra un presunto aumento de cerca de 27 mil toneladas en la producción de cobre informada durante diciembre de 2025, obligará a la devolución de bonos ligados al cumplimiento de metas.
La situación afectará a más de seis mil trabajadores, quienes deberán reintegrar montos que, en conjunto, alcanzarían aproximadamente 14,3 millones de dólares. El escenario abrió preocupación en sindicatos y generó debate sobre eventuales movilizaciones, aunque desde la Federación de Supervisores de Codelco descartaron una paralización.
El presidente de la Fesuc, Enés Cepeda, sostuvo que los trabajadores y supervisores no tuvieron participación en las decisiones que originaron el problema y recalcó que las definiciones correspondieron a niveles ejecutivos. Pese a ello, reconoció que la situación afecta directamente a los funcionarios.
Asimismo, indicó que existe disposición a devolver los recursos recibidos, pese a las complicaciones que podría generar en quienes ya utilizaron esos fondos. Sin embargo, insistió en que una paralización de actividades no se justifica bajo las circunstancias actuales.
Mientras crece la incertidumbre, especialistas también han abordado las implicancias legales del proceso. Desde el ámbito laboral se explicó que la empresa puede solicitar el reintegro de montos pagados de manera errónea cuando estos están establecidos contractualmente, aunque los descuentos sobre remuneraciones tienen límites fijados por la legislación vigente.
Según la normativa, las empresas no pueden descontar la totalidad de un salario y, en casos como este, los montos retenidos no podrían superar un porcentaje mensual determinado hasta saldar la deuda.
En paralelo, el caso comenzó a generar fuertes reacciones políticas. Desde el Congreso surgieron llamados a esclarecer las responsabilidades de ejecutivos y eventuales involucrados en la entrega de cifras erróneas.
Parlamentarios solicitaron investigar quiénes tomaron las decisiones y plantearon revisar posibles responsabilidades administrativas e incluso penales. También surgieron peticiones para que organismos fiscalizadores revisen el impacto del caso y determinen si los recursos informados al Estado se ajustaban a los datos reales.
La situación mantiene bajo presión a la principal empresa estatal del país, mientras aumentan las exigencias por explicaciones y transparencia sobre uno de los episodios más complejos que enfrenta la minera en los últimos años.
