Las principales autoridades encargadas de la persecución penal y la seguridad pública manifestaron su respaldo a los anuncios realizados por el Presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública, especialmente a las medidas orientadas a fortalecer el combate contra la delincuencia y el crimen organizado.
Las iniciativas, que posteriormente fueron firmadas por el Mandatario en una ceremonia realizada en el Palacio de Cerro Castillo, contemplan la creación de un Registro Nacional de Vándalos, un plan de retorno para migrantes en situación irregular y una ampliación de las facultades de actuación de las policías en casos de flagrancia.
Durante su intervención ante el Congreso, Kast sostuvo que la seguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones del país y advirtió que, al 31 de marzo, se contabilizaban 378 víctimas de homicidio, cifra que calificó como preocupante pese a mostrar una disminución respecto del año anterior.
Uno de los anuncios que recibió una valoración positiva por parte del Ministerio Público fue la propuesta para ampliar el período de flagrancia y otorgar mayores atribuciones operativas a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones de Chile.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló que muchas víctimas cuestionan la burocracia existente en la reacción frente a delitos comunes y sostuvo que una mayor autonomía policial permitiría respuestas más rápidas ante hechos flagrantes, manteniendo la dirección de las investigaciones en manos del Ministerio Público.
En la misma línea, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, calificó la estrategia como viable y destacó la necesidad de que distintas instituciones trabajen de manera coordinada para fortalecer la seguridad y mejorar la calidad de vida de la población.
Por su parte, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, afirmó que la institución cuenta con las capacidades necesarias para enfrentar los desafíos que puedan surgir a partir de las nuevas facultades contempladas en la agenda gubernamental.
Los anuncios también generaron debate político, particularmente la propuesta de crear un Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, iniciativa que contempla restricciones a determinados beneficios estatales para personas condenadas por actos de vandalismo o destrucción de infraestructura pública.
En materia migratoria, el Gobierno oficializó además el denominado Plan de Retorno Voluntario para extranjeros en situación irregular, medida que ha despertado opiniones divididas respecto de su implementación y viabilidad.
Desde el Congreso surgieron distintas reacciones frente a las propuestas. Mientras algunos parlamentarios valoraron el énfasis en seguridad y control migratorio, otros plantearon dudas sobre la aplicación práctica de algunas medidas y la necesidad de conocer mayores detalles antes de su tramitación legislativa.
La agenda presentada por el Ejecutivo incluye además el fortalecimiento del sistema penitenciario mediante la creación de más de 20 mil nuevas plazas carcelarias, una de las iniciativas centrales del Gobierno para enfrentar el aumento de la población penal y reforzar el combate contra el crimen organizado.
