El Presidente José Antonio Kast promulgó la reforma constitucional a Gendarmería, instancia en la que advirtió que las cárceles del país han enfrentado escenarios complejos y que es necesario actuar antes de que se transformen en centros de operación del crimen organizado.
La iniciativa, originada durante la administración anterior, fue firmada en la Escuela de Formación Penitenciaria de Gendarmería José Joaquín Prieto, con la presencia de autoridades de Seguridad y Justicia. En la ceremonia, el Mandatario destacó el carácter estratégico del cambio institucional.
La nueva normativa establece que Gendarmería pasará a formar parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, dejando de depender del Ministerio de Justicia para quedar bajo la órbita de Seguridad. Con ello, se busca fortalecer su estructura, ampliar sus recursos y consolidar una coordinación más estrecha con otras instituciones del sistema.
Este ajuste implica que el control de los recintos penitenciarios quedará bajo la conducción del área de Seguridad, mientras que el Ministerio de Justicia concentrará sus funciones en la reinserción social. En ese marco, se fijó un plazo de 12 meses para que el Ejecutivo presente al Congreso un proyecto que cree un servicio especializado en esta materia.
Durante la promulgación, el Presidente subrayó que Gendarmería se integrará a un sistema de seguridad con conducción estratégica unificada, junto a Carabineros y la Policía de Investigaciones, reforzando así la respuesta del Estado frente al crimen organizado.
La reforma, sin embargo, generó controversia durante su tramitación, particularmente por el impacto en las asociaciones de funcionarios. Al ser considerados fuerzas del orden, se contempla la disolución de estos gremios, lo que motivó intentos de modificación en el Congreso.
Frente a estas críticas, el director de Gendarmería cuestionó los reparos planteados, acusando intentos de desinformar a los funcionarios respecto de los efectos de la reforma y descartando que esta implique un deterioro de sus condiciones laborales.
La normativa deberá ser publicada en el Diario Oficial dentro de un plazo de cinco días para su entrada en vigencia.
