El Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico impulsado por el Gobierno continúa generando divisiones en el escenario político, pese a que recientemente se aclaró uno de sus puntos más discutidos: la exclusión del límite a la gratuidad en la educación superior para personas mayores de 30 años.
La iniciativa, que contempla 43 medidas, había enfrentado cuestionamientos por parte de distintos sectores debido a la incertidumbre generada por decisiones previas del Ejecutivo. Finalmente, se confirmó que dicha restricción no será considerada, lo que despejó parcialmente el debate en torno al acceso a la educación.
Sin embargo, el proyecto mantiene otros aspectos en discusión, especialmente aquellos orientados a la reactivación económica. Entre ellos, se incluyen medidas para dinamizar la construcción, acelerar inversiones y fomentar la creación de empleos.
En el ámbito tributario, uno de los ejes centrales es la rebaja gradual del impuesto corporativo, que disminuiría del 27 al 23 por ciento hacia 2029. A esto se suma la exención transitoria del IVA en la venta de viviendas nuevas, propuesta que busca incentivar el mercado inmobiliario.
La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, destacó el impacto de estas medidas en el crecimiento del país, señalando que el fortalecimiento de la inversión permitiría generar mayores oportunidades laborales y reforzar el apoyo estatal a las familias.
Desde el oficialismo, la diputada Ximena Ossandón (RN) expresó su respaldo a la reducción del impuesto corporativo, argumentando que la medida favorecería a empresas que generan una alta cantidad de empleos, incluyendo a pymes que dependen de estas como proveedoras.
Asimismo, la parlamentaria hizo un llamado a superar la confrontación entre sectores económicos, advirtiendo que un aumento de impuestos podría afectar la generación de empleo y dificultar la reducción de la tasa de desempleo.
No obstante, también manifestó reparos respecto a otros puntos del proyecto, como la propuesta —ya descartada— de limitar la gratuidad y la eliminación de contribuciones a la primera vivienda para personas mayores de 65 años con altos ingresos, aspectos que continúan siendo materia de análisis en la discusión legislativa.
