En su primera jornada como Presidente de la República, José Antonio Kast firmó en el Palacio de La Moneda un conjunto de decretos e instrucciones que establecen las prioridades iniciales de su administración. Las medidas contemplan acciones en seguridad fronteriza, control migratorio, revisión del funcionamiento del aparato estatal, reactivación de inversiones y conducción de procesos de reconstrucción.
Una de las disposiciones centrales establece la Política Nacional de Cierre Fronterizo y declara Zona Militar el sector más vulnerable de la frontera con Bolivia. El decreto define el perímetro geográfico donde se implementará un control territorial bajo responsabilidad de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de reforzar la vigilancia en la macrozona norte.
Entre las medidas inmediatas se incluye el aumento de medios militares en áreas consideradas críticas, el reforzamiento del monitoreo mediante drones y sensores optrónicos, y la mejora de los sistemas de comunicación en la zona fronteriza. El ámbito de aplicación de estas acciones abarca las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
En paralelo, el Mandatario designó a Alberto Soto Valenzuela como Comisionado Presidencial para la Macrozona Norte. La autoridad tendrá facultades de coordinación intersectorial para el control migratorio y la persecución de delitos transnacionales. Entre sus funciones estará coordinar el trabajo de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones en la frontera norte, además de articular la labor de servicios fiscalizadores y proponer medidas contra el narcotráfico y el crimen organizado. El decreto que formaliza su nombramiento fue firmado el 11 de marzo y establece su dependencia del Ministerio del Interior, con enlace con el Estado Mayor Conjunto, la Coordinación de Control Nacional y las jefaturas de áreas fronterizas.
Otra de las decisiones instruidas por el Presidente corresponde a una Auditoría Total del Estado, proceso que abarcará a todos los ministerios e instituciones públicas. La medida busca establecer una línea de base técnica y política que permita detectar y denunciar irregularidades de forma inmediata.
El mecanismo se sustentará en tres pilares: la elaboración de diagnósticos técnicos para cada servicio público, la aplicación de un estándar político propio de un gobierno de emergencia con exigencias reforzadas y un compromiso de probidad que obliga a denunciar cualquier anomalía detectada. Para ello se conformará una fuerza de tarea encabezada por los subsecretarios del Interior, Hacienda y la Secretaría General de la Presidencia, con reporte directo al Mandatario.
En el ámbito económico, Kast firmó además una instrucción orientada a resolver los retrasos en la tramitación de permisos que mantienen detenidos proyectos por más de 16 mil millones de dólares. La medida apunta a 51 recursos de reclamación pendientes dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental correspondientes a iniciativas que ya cuentan con Resolución de Calificación Ambiental aprobada, pero enfrentan demoras administrativas.
El plan establece plazos definidos para su resolución. Los recursos que ya se encuentran vencidos deberán ser resueltos en un máximo de 90 días corridos, mientras que los nuevos recursos presentados ante la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental tendrán un plazo de 30 días hábiles, y aquellos que deban revisarse en el Comité de Ministros deberán resolverse en un máximo de 60 días hábiles. De acuerdo con el desglose, 20 proyectos corresponden a la primera categoría por un monto aproximado de 6.500 millones de dólares y 22 a la segunda por cerca de 9.800 millones.
Otro decreto firmado por el Mandatario encarga al Ministerio de Vivienda y Urbanismo la conducción directa del proceso de reconstrucción en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Bío Bío. La norma fortalece el rol del Minvu al situarlo al frente del comité encargado de la reconstrucción, con el objetivo de agilizar la entrega de subsidios y concentrar la gestión para acelerar los procesos.
Entre las tareas asignadas se encuentra la elaboración de propuestas de planes y programas de reconstrucción habitacional y urbana, su ejecución directa a través de la Subsecretaría de Vivienda, la coordinación territorial con distintos organismos del Estado y la presentación de informes trimestrales de avance al Presidente.
El comité de reconstrucción estará integrado además por los ministerios de Desarrollo Social, Interior, Hacienda, Obras Públicas y Agricultura, junto a la Subsecretaría de Desarrollo Regional. El decreto establece también la derogación expresa del Decreto Supremo N°2 de 2024 del Ministerio de Desarrollo Social.
La sexta instrucción firmada por Kast corresponde al Plan Escudo Fronterizo, iniciativa que establece al Ejército de Chile como responsable de liderar la protección de la zona norte del país. El plan define cuatro ejes estratégicos para el desarrollo de una Política Nacional de Fronteras con plazos concretos de ejecución.
El primer eje se centra en la protección fronteriza para garantizar la soberanía efectiva y erradicar pasos no habilitados. El segundo apunta a la integración institucional mediante la coordinación de los ministerios de Interior, Defensa y Seguridad Pública bajo un mando unificado. El tercero contempla la modernización tecnológica con la incorporación de drones, cámaras térmicas, sistemas biométricos y barreras físicas. El cuarto eje establece que las acciones de reconducción y rechazo se ejecuten respetando el marco legal vigente.
La iniciativa incluye además instrucciones específicas para distintos ministerios con un plazo máximo de 90 días para su implementación. El Ministerio del Interior deberá modificar el Decreto N°78 y gestionar cambios legales orientados a desincentivar la inmigración irregular. Defensa, en tanto, propondrá modificaciones al DFL N°1 de 2023 relativo a las Reglas de Uso de la Fuerza, con el objetivo de ampliar herramientas para enfrentar el ingreso clandestino, además de asegurar atención permanente en pasos fronterizos. Obras Públicas tendrá a su cargo la construcción de barreras físicas en los sectores definidos.
En la ceremonia de firma participaron los ministros del Interior, Claudio Alvarado; de Defensa; de Seguridad Pública; de Bienes Nacionales; de Hacienda; de Medio Ambiente; de Vivienda; y de Desarrollo Social, junto al comandante en jefe del Ejército y el recién designado comisionado presidencial para la macrozona norte.
